Recientemente se hablaba de un fraude de entorno al 14,6% en la concesión de las ayudas al alquiler que da la Empresa Municipal de Vivienda (EMVISA). Sin embargo, según XsP es bastante distinta y el supuesto fraude estaría entorno al 1,8%. Así, en 2018 se suspendieron un total de 92 expedientes debido a diferentes causas, lo que no quiere decir que todos ellos provengan de un fraude.

“Efectivamente hay ciertos casos de fraude como el abandono de la vivienda o el subarriendo, pero hay muchos de ellos que no tienen que ser considerados como fraude, como son las situaciones en las que hay una diligencia de embargo, de los que se contabilizaron 35 en EMVISA: esto simplemente implica que hay una deuda con Hacienda y por Ley de Subvenciones no se podría acceder a ayudas públicas pero, tal como se aprobó en el Pleno de enero a iniciativa de Xixón Sí Puede, hay que ver las alternativas para que esas personas puedan seguir percibiendo la ayuda y a la vez ir pagando esas deudas”, expone Estefanía Puente, concejala de Xixón Sí Puede (XsP) responsable de Servicios Sociales y Vivienda.

A la vez, también se considera fraude el que haya una variación en el número de miembros de la unidad de convivencia. “La norma estipula que cualquier cambio en la unidad de convivencia hay que comunicarlo y efectivamente se detectaron 52 casos en los que sucedió esto, pero aquí hay que valorar con más detenimiento lo que ha sucedido, ya que en la mayoría de las circunstancias no hay un cambio económico en la unidad de convivencia, por lo que consideramos que solamente debería suspenderse la ayuda a las personas que de mala fe ocultan esta información, pero en los otros casos, por desconocimiento u olvido, hay que ser más flexibles y tener en cuenta las circunstancias”, señala la edil de XsP.

Por estos motivos, para el grupo municipal, el que partidos como el PP se dediquen a hablar de altos de niveles de fraude en las ayudas se debe a sesgos ideológicos y prejuicios, “ya que con los datos en la mano, están mintiendo”, afirma Puente. “Los datos que hablan del 14,6% de fraude quedarían, a nuestro juicio, en un 1,8%. Unos porcentajes que además demuestran que los controles están funcionando y que el fraude está en niveles muy bajos, ya que no se pueden incluir muchos casos en este supuesto y lo que habría que tener en cuenta es que estamos hablando de personas con grandes dificultades para asumir el alquiler, por lo que sobra cualquier criminalización ante unas situaciones ya difíciles de por sí”, sostiene Estefanía Puente.

XsP defiende que el fraude en las ayudas al alquiler es anecdótico
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